• Otorgamiento de escritura pública.
• Prescripción adquisitiva.
• División y partición de bienes.
• Desalojo por ocupación precaria.
• Reivindicación.
• Pago de arrendamiento.
• Pago de mejoras.
• Delimitación de linderos.
• Obligación de dar suma de dinero.
• Ofrecimiento de pago.
• Indemnización por daños y perjuicios.
• Rectificación de partidas.
• Nulidad de acto jurídico.
• Sucesión intestada.
• Petición de herencia.

• Alimentos.
• Tenencia.
• Régimen de visitas.
• Divorcio rápido.
• Divorcio por causal.
• Liquidación de sociedad de gananciales.
• Reconocimiento de unión de hecho.
• Filiación de hijo extramatrimonial.
• Autorización de bienes de menor.

• Omisión a la asistencia familiar.
• Lesiones y faltas.
• Violencia familiar.
• Delitos contra el patrimonio.
• Delitos contra la administración pública y corrupción de funcionarios.
• Diligencias a nivel policial, fiscal y judicial en materia penal.

• Contratos de compra venta de inmuebles.
• Constitución de empresas.

• Recursos impugnatorios.
• Nulidad de acto administrativo.

• Asesoría en conciliación extrajudicial en materia civil y de familia.

• Asesoría en derecho laboral.

¿Qué es un asesor jurídico? Un asesor jurídico o legal es un jurista, un profesional experto cuya función primordial es la de garantizar la correcta y adecuada aplicación de la normativa vigente en cada una de las actuaciones realizadas por la empresa. Contar con un buen asesor jurídico en la empresa garantizará el planteamiento ajustado a Derecho de los planes de negocio de la compañía, las relaciones entre la misma y sus empleados, así como las sinergias y colaboraciones con otras empresas. Tanto si se centra en el ámbito de la defensa jurídica de la empresa —asumiendo la dirección letrada de procedimientos judiciales—, como en el ámbito mercantil —dirigiendo procesos de negociación y contratación con otras empresas o particulares—, como en el de los Recursos Humanos —asesorando y dirigiendo los numerosos conflictos laborales que puedan surgir—, como en materia financiera y fiscal —evaluando las posibilidades y riesgos de los negocios jurídicos en los que se centre el ámbito de negocio de una empresa y dirigiendo a la misma en la cumplimentación de sus obligaciones fiscales desde la perspectiva del experto—, la figura del asesor legal es imprescindible de cara a evaluar las circunstancias que rodeen la negociación y contratación en el ámbito de la empresa. También en el sector público, pues el asesoramiento jurídico es primordial a fin de acompañar y garantizar la correcta formalización de los contratos que firman diariamente las distintas Administraciones, Organismos y Entidades públicas con otras Administraciones y con los particulares. El asesor jurídico también puede centrarse en el asesoramiento experto de los autónomos o los particulares, los cuales necesitan poder confiar en un jurista experto en los ámbitos civil, penal, laboral y fiscal a fin de recabar del mismo su consejo o directrices a fin de abordar el emprendimiento o la correcta cumplimentación de sus impuestos, por poner un sencillo ejemplo. La misión del asesor jurídico o legal es, por tanto, ofrecer información y asesorar en aquellos conflictos o situaciones relacionadas con la aplicación del conjunto de normas que rigen una materia o actividad, dentro de cualquier rama del Derecho.

Qué es y cómo funciona el derecho minero

A pesar de ser un sector del que existe un gran desconocimiento y un gran vacío legal, en Gutiérrez Labrador estamos especializados en el derecho minero.

Siendo una disciplina que puede llevar a confusión, debido a su alto nivel técnico, es importante conocer los procedimientos a desarrollar en dicha rama. Estos procesos incluyen desde la obtención de autorizaciones a la concesión y permiso minero que correspondan.

¿En qué consiste el derecho minero?

El derecho minero es aquella rama del derecho que regula todas las actividades realizadas en torno a la minería. Los aspectos más importantes abarcan desde la propiedad básica de los recursos minerales así como proteger a las personas que trabajan con los mismos. Por último se tiene en cuenta el impacto medioambiental que surge derivado de la actividad minera.

Características principales del derecho minero

Nos encontramos, en primer lugar, bajo un problema de base, ya que el derecho minero cuenta actualmente con importantes cuestiones de técnica normativa. Podemos afirmar en este caso que cada Comunidad Autónoma establece los requisitos que considera oportunos para otorgar cada una de las autorizaciones.

Podemos distinguir los siguientes actos administrativos relacionados con los derechos mineros:

• Permisos de exploración. Son otorgados con el fin de efectuar estudios y reconocimientos que no alteren de manera sustancial y significativa la configuración del terreno.
• Permisos de investigación. Es necesario para poder hacer una búsqueda sobre los recursos minerales disponibles en un terreno determinado.
• Concesión de explotación. Da al titular el derecho de explotación del recurso. Son concedidos de manera previa o previa investigación y tienen una validez de 30 años. Pasaremos a dar más detalles al respecto de la misma en el siguiente apartado.

Preguntas frecuentes

Existe un gran desconocimiento respecto a la normativa de derecho minero. Es por ello por lo que vamos a proceder a remarcar algunas de las cuestiones más solicitadas por la mayoría de clientes interesados en este ámbito de conocimiento.

¿Qué es una concesión minera?

Podemos afirmar que una concesión de explotación minera es la habilitación que otorga la Administración Pública hacia una parte particular interesada para que ésta pueda llevar a cabo el aprovechamiento de yacimiento mineral. No se podrán explotar aquellos yacimientos reservados al Estado.

¿Se pueden transmitir los derechos mineros?

La solicitud de concesiones de explotación minera podrán ser transmitidas de la misma manera que establece la Ley de Minas con respecto a la de los permisos de investigación. Para ello se deberá presentar:

• Programa de trabajos correspondiente.
• El estudio económico de su financiación con las garantías que ofrezcan sobre su viabilidad.
• El presupuesto de las inversiones a realizar.
• Proyecto de aprovechamiento del recurso, en el que se incorporará un informe técnico en el que se acredite la procedencia de dicha solicitud.

A su vez, cada Delegación Provincial/Territorial contará con un libro de registro de dichas solicitudes, siendo estas inscritas según el orden de llegada.

Caducidad de los derechos mineros

Las concesiones se declararán caducadas en los siguientes supuestos:

• Hayan finalizado los plazos – prórrogas estipulados.
• Renuncia voluntaria del titularde dichos derechos mineros.
• Agotamiento del recurso mineral.
• El pago de los impuestos mineros no están puestos en orden.
• Incumplimiento grave y/o reiterado de las obligaciones.
  • No informar sobre la existencia de otros recursosen dicho yacimiento.
  • No comenzarlos trabajos de aprovechamiento en el plazo establecido.
  • No presentar un plan anual de labores.
• Detener los trabajos sin una autorización previa.